Nueva Consulta Ver Consulta
CONSULTA
Anterior Siguiente


NUM-CONSULTA V1880-09
ORGANO SG de Impuestos sobre el Consumo
FECHA-SALIDA 07/08/2009
NORMATIVA Ley 37/1992 arts. 4, 5, 20-Uno-22º, 84-Tres, 93-Uno
DESCRIPCION-HECHOS Una comunidad de bienes y una entidad perteneciente al grupo consultante van a adquirir un solar en pro indiviso para destinarlo a la construcción de un conjunto de viviendas, trasteros, garajes y locales de manera independiente y separada por cada una de ellas, sin que exista voluntad alguna de promover en común la construcción sobre dicho solar.
CUESTION-PLANTEADA Sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de la posterior entrega de los inmuebles adjudicados a la empresa del grupo consultante promotora de los mismos.
CONTESTACION-COMPLETA 1.- El artículo 4.Uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29) establece que “estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen”.

El artículo 5, apartado uno, letra.a), de la misma Ley, señala que se reputarán empresarios o profesionales las personas o entidades que realicen actividades empresariales o profesionales, definidas éstas en el apartado siguiente de dicho precepto como “las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios”. En particular, continúa dicho precepto, “tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas.”.

El mismo artículo 5, en su apartado uno, establece expresamente en su letra d) que se reputarán empresarios o profesionales a quienes “efectúen la urbanización de terrenos o la promoción, construcción o rehabilitación de edificaciones destinadas, en todos los casos, a su venta, adjudicación o cesión por cualquier título, aunque sea ocasionalmente”.

El artículo 392 del Código Civil, al tratar de las comunidades de bienes señala que "hay comunidad de bienes cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas".

Por tanto, siempre que haya indivisión en la propiedad también existirá una comunidad de bienes compuesta por los propietarios. Y esto sucede así por imperativo legal, tal y como se establece en el Código Civil, por lo que la voluntad de las partes de constituir o no dicha comunidad resulta irrelevante a estos efectos.

De acuerdo con los términos del escrito de consulta, según el cual la entidad correspondiente del grupo consultante pretende adquirir en pro indiviso un solar, junto con otro comunero (en concreto, una comunidad de bienes de autopromoción), para destinarlo a la construcción de un conjunto de viviendas, trasteros, garajes y locales, debe entenderse que existe la comunidad de bienes cuando menos desde su adquisición, con independencia de que las partes tengan o no la voluntad de constituir tal comunidad.

Por su parte, el artículo 84.Tres de la Ley del Impuesto establece que “tienen la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, careciendo de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, cuando realicen operaciones sujetas al Impuesto.”.

De acuerdo con lo anterior, para que una comunidad de bienes sea sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido es necesario que tal comunidad tenga la condición de empresario o profesional y actúe en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional, es decir, realice operaciones sujetas al Impuesto.
La consideración como sujeto pasivo del Impuesto de la comunidad de bienes compuesta, por un lado, por la entidad correspondiente del grupo consultante y, por otro lado, por la comunidad de bienes de autopromoción, requiere que las operaciones que han de efectuarse se puedan entender referidas a una actividad empresarial o profesional ejercida por la propia comunidad de bienes y no por sus miembros o comuneros.

Para ello, sería necesario que las operaciones, y el riesgo o ventura que de ellas derive, se refiriese a la citada comunidad de forma indiferenciada, y no a sus miembros o componentes, así como que la normativa sustantiva de la actividad por desarrollar sea tal que permita su ejercicio a través de una entidad con esta configuración.

En caso de que las operaciones se refieran a los miembros o componentes de la entidad, de manera que sean éstos los que asuman las consecuencias empresariales de las mismas, y no la entidad o conjunto de componentes de ésta, no se podrá considerar, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, la existencia de una entidad que, por sí misma, y con independencia de sus miembros, tenga la condición de sujeto pasivo del Impuesto.

En caso contrario, es decir, si hay una ordenación conjunta de medios y una asunción igualmente conjunta del riesgo y ventura de las operaciones, deberá considerarse que la entidad de que se trate, sociedad civil o comunidad de bienes, tiene la condición de sujeto pasivo del tributo.

En particular y por lo que al objeto de la consulta se refiere, la adquisición en pro indiviso del solar por las dos entidades a que se refiere la consulta (entidad correspondiente del grupo consultante y comunidad de bienes de autopromoción) determina, como anteriormente se expresaba, la constitución de una comunidad de bienes, de conformidad con lo establecido en el artículo 392 del Código Civil. Sin embargo, esta comunidad de bienes no tiene la consideración de sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido, pues el solar adquirido se destinará a la promoción inmobiliaria de manera independiente y separada por cada una de las entidades adquirentes, sin que exista una asunción conjunta del riesgo y ventura derivados de la citada actividad, ya que ambos comuneros dejan claro que no existe voluntad alguna de explotar en común dicho solar, existiendo una separación, sino física por no ser posible, sí jurídica y económica, de las fincas de que cada uno de los copromotores es responsable.

Efectivamente, según se desprende de la documentación que acompaña al escrito de consulta, la entidad correspondiente del grupo de entidades consultante destinará su cuota indivisa del solar adquirido a la promoción de garajes y locales, mientras que la comunidad de bienes de autopromoción destinará su cuota indivisa del solar adquirido a la promoción de viviendas y trasteros.

Una vez adquirido el solar, se otorgará escritura de división horizontal del edificio que se copromueve al objeto de diferenciar claramente las edificaciones promovidas por cada uno de los copropietarios y copromotores.

El contrato de ejecución de obra que se celebrará con la constructora de los inmuebles prevé la existencia de dos copromotores, asignando a cada uno de los bloques de fincas que serán promovidas por los respectivos copromotores su precio correspondiente, en relación con los trabajos a realizar a favor de cada uno de ellos. En consecuencia, las distintas entidades que ejecuten la construcción de los inmuebles emitirán facturas independientes a cada uno de los copromotores.
Consecuentemente, se debe concluir que son cada uno de los comuneros, y no la comunidad de bienes constituida como consecuencia de la adquisición en pro indiviso del solar, los titulares de la actividad de promoción inmobiliaria, adquiriendo aquéllos y no ésta la condición de empresarios o profesionales de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 37/1992 anteriormente extractado. Igualmente, serán los comuneros y no la comunidad de bienes los que tienen la consideración de sujetos pasivos en el Impuesto sobre el Valor Añadido estando obligados al cumplimiento de las obligaciones materiales y formales deducidas de la normativa del Impuesto

2.- El artículo 20 de la Ley 37/1992, regula las denominadas exenciones en operaciones interiores, disponiendo, en su apartado uno, número 22º, que estarán exentas de este Impuesto “las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada su construcción o rehabilitación.

Los terrenos en que se hallen enclavadas las edificaciones comprenderán aquéllos en los que se hayan realizado las obras de urbanización accesorias a las mismas. No obstante, tratándose de viviendas unifamiliares, los terrenos urbanizados de carácter accesorio no podrán exceder de 5.000 metros cuadrados.

A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará primera entrega la realizada por el promotor que tenga por objeto una edificación cuya construcción o rehabilitación esté terminada. No obstante, no tendrá la consideración de primera entrega la realizada por el promotor después de la utilización ininterrumpida del inmueble por un plazo igual o superior a dos años por su propietario o por titulares de derechos reales de goce o disfrute o en virtud de contratos de arrendamiento sin opción de compra, salvo que el adquirente sea quien utilizó la edificación durante el referido plazo. No se computarán a estos efectos los períodos de utilización de edificaciones por los adquirentes de los mismos en los casos de resolución de las operaciones en cuya virtud se efectuaron las correspondientes transmisiones.

(…)”

De acuerdo con este precepto, las entregas de los inmuebles realizadas por la entidad correspondiente del grupo consultante tendrán la consideración de primera entrega de edificaciones, ya que se realizan por su promotor una vez terminada su construcción y, por tanto, estarán sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido. Esto supone que dicha entidad deberá repercutir el Impuesto y expedir factura con todos los requisitos recogidos en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.

Página siguiente