Nueva Consulta Ver Consulta
.EN NORMATIVA (ley)
Anterior Siguiente


Nº. CONSULTA 1187-04
ORGANO SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
FECHA SALIDA 11/05/2004
NORMATIVA Ley 19/1991, Art. 4-Octavo-Uno; Ley 40/1998, Arts. 10, 73; TRLIRPF, Arts. 10, 89
DESCRIPCION Los cónyuges consultantes, propietarios de diversas fincas, han constituido una comunidad de bienes con sus dos hijos para la realización de explotaciones agrícolas y ganaderas sobre estas, siendo la cuota de participación de cada comunero del 25%.
Los hijos de los consultantes prestan su trabajo personal a la comunidad, ejerciendo la gestión directa de la explotación, y percibiendo por este concepto un sueldo mensual. El padre se encuentra jubilado actualmente y la madre nunca ha desarrollado de forma personal y directa actividad agropecuaria alguna.
Sobre una parte de las mencionadas fincas se realiza una actividad forestal, cuya titularidad corresponde al marido, quien la ejerce por tanto sobre inmuebles de su propiedad, y a sus dos hijos, que la ejercen sobre fincas propiedad de sus padres.
Los consultantes no perciben retribución alguna por la cesión de las fincas a la comunidad de bienes, distinta de su participación en resultados.
CUESTION Si la actividad desarrollada sobre una parte de las fincas, propiedad de los consultantes, por la comunidad de bienes determina la calificación de los rendimientos atribuidos como rendimientos de actividades económicas para ellos, aun cuando los mismos no ejercen las actividades de forma personal y directa.
Procedencia o no de la exención del artículo 4.Octavo.Uno de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio respecto a la parte de las fincas sobre las que la comunidad de bienes desarrolla la explotación agropecuaria, y respecto a la parte de las mismas sobre la que se realizan, a título individual, explotaciones de carácter forestal.
CONTESTACION 1.- En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Las comunidades de bienes no constituyen contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sino que se configuran como una agrupación de los mismos a quienes se atribuyen las rentas generadas en la entidad, tal como establece el artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (art 10.1 de la Ley 40/1998 hasta 10-03-2004). Por su parte el artículo 89 del mismo texto legal señala que las rentas atribuidas tendrán la naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde procedan, para cada uno de los socios o comuneros (art. 10.2 de la Ley 40/1998 hasta 31-12-2002 y 73 de la misma Ley desde 01-01-2003 hasta 10-03-2004).
Lo anterior supone que en el supuesto de una comunidad de bienes que desarrolle una actividad económica los rendimientos atribuidos mantendrán ese mismo carácter de rendimientos de actividades económicas.
Ahora bien, para que lo hasta aquí expuesto resulte operativo es necesario que la actividad económica se desarrolle como tal por la comunidad de bienes, es decir, que la ordenación por cuenta propia de medios de producción y (o) de recursos humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios –elementos definitorios de una actividad económica- corresponda a la comunidad. Con ello se quiere decir que todos los comuneros deben intervenir en la ordenación de los factores de producción, y los efectos jurídicos y económicos de la actividad deben recaer sobre todos ellos, circunstancia que no parece concurrir en el caso planteado donde solo los hijos de los consultantes prestan su trabajo personal, tanto en el área administrativa como en el de producción, desarrollando las labores propias de la gestión y dirección de la explotación agropecuaria.
Por tanto, los rendimientos obtenidos por los consultantes, quienes únicamente se limitan a la cesión de las fincas de su propiedad para el desarrollo sobre ellas por terceros de actividades agropecuarias, no tendrán la calificación de rendimientos de actividades económicas.
2.- En relación con el Impuesto sobre el Patrimonio.
El artículo 4.Octavo.Uno de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, exigía en el año 2002, al igual que en la actualidad, que para la aplicación de la exención por los bienes y derechos de las personas físicas necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial o profesional se ejerciese de forma habitual, personal y directa por el sujeto pasivo, constituyendo su principal fuente de renta, requisito este último que el artículo 3 del R.D. 1704/1999, de 5 de noviembre, ha precisado en el sentido de que al menos el 50% del importe de la base imponible del I.R.P.F. provenga de rendimientos netos de la actividad económica de que se trate. Tratándose de comunidades de bienes, cada uno de los comuneros ha de cumplir de forma separada ambas condiciones referidas a la forma de ejercer la actividad y al porcentaje de rendimientos obtenidos con su desempeño.
Es obvio que tales condiciones no concurren en la comunidad de bienes a que se refiere el escrito de consulta, en cuanto los propietarios de los bienes no ejercen la actividad y los que sí la desempeñan no son titulares de las fincas sobre las que se desarrolla. No procede en tales casos, por tanto, la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, como tampoco, por análoga razón, en las explotaciones individuales que llevan a cabo los hijos sobre fincas de sus padres.
Por último, en el caso de explotación individual del jubilado sobre fincas de su propiedad, cabe señalar que este Centro Directivo tiene declarado en diversas consultas que, de existir pensión de jubilación, y de acuerdo con el Texto Refundido de la Seguridad Social y de la jurisprudencia al respecto, su percepción es incompatible con la llevanza personal de la actividad, lo que determinaría, al igual que en los supuestos anteriores, la improcedencia de la exención prevista en la Ley 19/1991.
Todo lo cual, con el alcance previsto en el apartado 2 del artículo 107 de la Ley General Tributaria, según redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, comunico a Vd. para su conocimiento.